Los sojeros y sus bandas continúan el genocidio

Durante los últimos meses del 2006, 21 niños del pueblo mbya guaraní, en Misiones, han muerto por problemas respiratorios y de desnutrición, mientras otros 13 se encuentran hospitalizados. El porcentaje es enorme si se tiene en cuenta que sólo queda una población de 4.083 mbya guaraníes en la región, según el Indec.


Esos indígenas son víctimas de la voracidad sojera, que ha procedido a la deforestación masiva y, con ella, a la destrucción de su medio ambiente, en especial su “farmacia natural”, compuesta por alrededor de 150 plantas medicinales que ellos emplean ancestralmente. La expectativa de vida de esa pequeña comunidad no sobrepasa los 40 años. Los mbya formaban parte de la gran nación guaraní, y en el siglo XVI, al momento de la conquista europea, eran más de 100 mil distribuidos en los actuales territorios de la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Hoy están a punto de desaparecer por completo, como sucediera con los ona en Tierra del Fuego (véase "Silent Extinction of Mbya Guarani People", en Inter Press Service News Agency, 2/11).

Las cosas son peores aún en otras provincias, donde terratenientes sojeros se apropian de tierras por la fuerza armada de bandas parapoliciales, organizadas por ellos mismos. Por ejemplo, Ramona Bustamante, de 80 años, denunció que su casa de material, con su horno de leña y sus muebles adentro, fue arrasada por topadoras mientras media docena de civiles armados quemaban sus sembrados. “Eran matones a las órdenes de un empresario que, cuatro años atrás, había jurado ser dueño de todo, aunque nunca mostró a doña Ramona una escritura u orden judicial. Pero sí le mostró una metralleta” (Perfil.com, 2/11). Esa canallada ocurrió en el paraje Las Maravillas, en el nordeste cordobés.

La soja devora a los hombres

Un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación denuncia el aumento progresivo de la violencia contra poblaciones originarias despojadas de su tierra por esos medios. Situaciones similares se repiten en Salta, Jujuy, Chaco, Tucumán, Formosa, Catamarca, Mendoza y Santiago del Estero. Esto es, en todo terrón donde pueda extenderse la frontera agrícola y, en particular, el manto sojero. Por supuesto, semejante cosa no podría suceder sin la complicidad abierta de los gobiernos provinciales.

Las cosas empeoran porque las nuevas tecnologías permiten producir en tierras antaño de bajo rendimiento. Así, los bosques nativos se han vuelto súbitamente atractivos para los terratenientes, que arrasan con todo.

Algunos asaltantes alambran de prepo las tierras alrededor de las casas de los pobladores, quienes muchas veces tienen la posesión legal de sus tierras por el derecho veinteñal. Les matan los animales a balazos, les incendian los cobertizos y les cortan cualquier acceso a las fuentes de agua, sean ríos, arroyos, lagos o pozos.

Eso ocurre, por citar apenas un caso, en La Rinconada, unas 23 mil hectáreas ubicadas en el límite de Córdoba con Santiago del Estero, donde el terrateniente entrerriano René Fritzeler hizo alambrar gran parte del territorio y 30 familias quedaron atrapadas dentro del cerco de alambre. Guardias armados, que circulan en motos todo terreno, disparan contra cualquiera que se aproxime a las alambradas, según denuncia Marcos Vargas, de la Unión Campesina del Noreste (ídem). En Santiago del Estero, en la comunidad San Agustín y en el departamento de Aguirre, fueron asesinados dos campesinos por orden del latifundista Oscar Dutto, además de matar animales a tiros en masa.

El terror contra los indígenas campesinos no es aplicado únicamente por bandas parapoliciales. En Mendoza, a mediados de octubre, policías enviados por el gobernador radical kirchnerista Julio Cobos asaltaron a palos y disparos al aire una carpa instalada por la Unión de Trabajadores Sin Tierra en el kilómetro 3338 de la ruta 40.

En Salta, en la finca Caraguata, la empresa Tres Lagunas tomó más de 20 mil hectáreas pobladas por campesinos desde hace décadas: sus patotas quemaron sembrados y envenenaron perros. Las amenazas y el terrorismo hacen que muy pocos abogados se atrevan a defender a las víctimas.

En Salvador Mazza, el 21 de setiembre, fue asesinada a puñaladas la productora rural Liliana Ledesma, con el añadido mafioso de que le cortaron la boca con el mismo cuchillo. La compañera militaba en la Asociación de Pequeños Productores y Ganaderos del paraje Madrejones, y había acusado al diputado provincial peronista Ernesto Aparicio por el cierre de un camino vecinal y desmontes ilegales en Ipaguazú, a 25 kilómetros de Salvador Mazza, Salta, cerca de la frontera con Bolivia. Ledesma denunció tiempo atrás que Aparicio, en complicidad con el gobernador Romero, se proponía abrir un corredor para el narcotráfico en la región.

Mientras tanto, como una burla, el gobierno nacional hizo aprobar, de acuerdo con diputados de la UCR, ARI y el Partido Socialista, una ley absurda e insultante que crea un fondo especial de 30 millones de pesos para hacer un “relevamiento jurídico catastral”. Lejos de solucionar el problema, estos sinvergüenzas lo aprovechan para crear otra caja negra mientras las bandas asesinan campesinos.

Desde el punto de vista teórico, el problema fue resuelto hace casi un siglo por el marxista peruano José Carlos Mariátegui: “El problema del indio es el problema de la tierra”. Se trata ahora de llevar a la práctica la organización y la lucha para resolver la cuestión, que debe empezar, y será apenas el comienzo, por la inmediata cesión en propiedad de las tierras a los campesinos que las trabajan desde hace décadas, la expulsión de los terratenientes y sus bandas armadas, y la cárcel y el castigo para los gobiernos que apañan a los criminales.


Alejandro Guerrero-2006-